Los centros de Zoonosis están en jaque. Los proteccionistas denuncian exterminios y torturas. ¿Cuáles son los municipios más cuestionados, y cómo se maneja la corrupción animal? por Redacción 24CON

Salvo casos aislados, la gran mayoría de los centros de Zoonosis municipales del Conurbano están en el ojo de la tormenta. Organizaciones proteccionistas de animales denuncian que en muchos de ellos tanto perros como gatos son torturados, mal alimentados, y que sobreviven en condiciones de pésima higiene. Los que tienen peor suerte, son asesinados.

La controversia es grande, sobre todo porque, desde el año pasado en que se sancionó la ley provincial 13.879, el sacrificio de animales está terminantemente prohibido. Aunque, al parecer, no muchos lo cumplen.

Según el director del Centro de Prevención de Crueldad Animal, Jorge De Marco, las metodologías del sacrificio pueden variar, y llevarse a cabo en las sombras de la Ley. “Hay muchos centros que han tenido denuncias, ya que en vez de matarlos, diseminan alimentos envenenados en la vía pública. Hace poco en Dolores hubo un envenenamiento masivo, y este verano ocurrió lo mismo en el Partido de la Costa”, dijo a 24CON.

Por lo que se animó a pronosticar que “el 95% de los departamentos de Zoonosis son campos de exterminios de animales”. “Los matan en cámaras de gas, les pegan, le inyectan sal inglesa en el corazón y el animal queda convulsionando. También mueren por ahorcamiento, encerrados y privados de alimentos, les dan inyecciones y se van muriendo por asfixia”, reconoció.

Distintas fuentes afirmaron a este diario que son muchos los centros que, por diversos motivos, funcionan deficientemente. Entre ellos, figurarían el de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Hurlingham, Merlo, La Matanza, Morón, Moreno, General Rodríguez, Tres de Febrero, Avellaneda y Lanús, entre otros.

Los centros de Zoonosis, mal llamados “perreras”, no son un refugio de mascotas, sino una entidad que se ocupa de, entre otras cosas, proteger la salud del hombre para que no sea contagiado por enfermedades que puedan transmitir los animales.

Es decir que aquellos perros que habiten allí, encerrados en jaulas y en pésimas condiciones, tendrían que haber sido expuestos previamente a una etapa de observación (10 días), y estarían aguardando a ser adoptados. Muchas veces, los mismos voluntarios que colaboran con los centros son los encargados de buscarles un dueño.

“No puedo decir que son un hotel 5 estrellas, pero el animal no sufre más que el encierro. No puedo hacer otra cosa, hasta una Ley de 1978 lo avala. Luego de su observación, si no tiene síntomas lo derivo al ‘fondo’. Eso se denomina diagrama de flujo”, dijo a este medio el Director de Zoonosis de Vicente López, Alejandro Galatto. Y agregó que allí sí se aplica eutanasia humanitaria con drogas indoloras a “los perros que llegan sin posibilidades de vivir mucho tiempo más. Estos casos, son 2 al mes como mucho”.

Por otra parte, lo que enfurece aún más a los proteccionistas es que “en la mayoría no los dejan entrar”, según dijo Graciela, referente del Zoonosis de Ituzaingó, uno de los pocos municipios que hasta el momento no ha presentado quejas. Al igual que el del partido de Almirante Brown.

Al respecto, Carolina, miembro de la agrupación “Proyecto cuatro patas”, reconoció que en Merlo se impone la misma traba. “¿Cuál es el tipo de negociados que hay allí dentro, por qué no nos dejan entrar si queremos ir de voluntarios?”, lanzó.

 La solución y la supuesta práctica

Para reducir los índices de sobrepoblación canina, la principal medida que deberían adoptar los departamentos de zoonosis es la esterilización masiva y gratuita, promovida a través de campañas municipales. Si bien especialistas aseguran que se llevan a cabo, parecería que no logran acabar con el problema y que se realizaran de manera ineficiente.

“Por cada hembra que se castra se evitan 8 mil nacimientos, de esa hembra y su descendencia. Los focos grandes de animales están en las zonas carenciadas, ahí tiene que estar el Estado con castraciones gratuitas porque es un tema de salud pública. Es muy costoso para esa clase de gente pagar entre $300 y $400 a veterinarios privados para la esterilizar a su mascota”, expresó De Marco.

En algunos distritos, según informaron proteccionistas a 24CON, los centros de Zoonosis estarían castrando mucha menos cantidad de animales de lo que les correspondería. Teniendo en cuenta que se estima que hay 1 animal cada 4 habitantes, el porcentaje de castraciones debería rondar los 10.000 al año en cada centro, lógicamente, dependiendo de la población de cada municipio. Aunque en algunos, no superarían los 3.000.

“El municipio tiene los recursos para hacerlo como mejor puede. Nosotros atendemos a todos por igual. Tal vez puede ocurrir una demora de un mes, pero las castraciones siempre se realizan”, se defendió Galatto. Además, reconoció que el municipio destina los fondos necesarios para la compra de insumos.

Puestos políticos y perreras clientelistas

“Hay mucho tipo de corrupción. Puede ocurrir que cuando entra un animal de raza los mismos empleados los vendan por $40”, dijo De Marco. Y agregó: “El empleado municipal no quiere trabajar, se sienta hasta que llegue el día de cobro. Yo siempre propuse que los centros sean manejados por voluntarios, que les apasiona lo que hacen”.

Todo el personal de estos centros parecería estar bajo la lupa. También los “canileros”, aquellas personas encargadas de capturar a los animales en las calles, de quienes se sospecha que aceptan dinero de algún vecino para que el perro “desaparezca”.

“Los Zoonosis son generalmente usados por los intendentes como un centro de castigo para empleados ineptos o ladrones. Se junta lo peor de los empleados municipales. Qué puede esperar uno de una persona que no trata bien a un ser humano, ¿Que trate bien a un animal? Es como meter un pedófilo en un jardín de infantes”, sentenció sin escrúpulos De Marco.

Fuente: http://www.apema.org.ar/noticias-1.php?id=104

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